Artículos

Prioridades de gasto

Los trabajadores jóvenes hoy probablemente no pueden siquiera pensar en jubilarse en 40 o 50 años.

El alargamiento de la vida y la perspectiva de rendimientos más bajos en las inversiones implican que los millennials probablemente tendrán que ahorrar más dinero y durante más tiempo que sus padres y sus abuelos. Y cuanto antes comiencen a ahorrar, más fácil les resultará juntar una buena cantidad.

Sin embargo, no es fácil sacrificarse por algo que no ocurrirá hasta la década de 2060.

Cuando se les pregunta, los millennials dicen que la jubilación es una de sus primcipales prioridades.

En una reciente encuesta realizada por Charles Schwab, el retiro fue la principal preocupación de todos los grupos etarios. Los millennials pusieron el ahorro para la jubilación muy por delante de los préstamos de estudios y la deuda de tarjeta de crédito, entre otros.

La mayoría de los expertos recomiendan asignar un 10 por ciento o un 15 por ciento del salario a la jubilación, incluidos los aportes del empleador. El trabajador joven promedio no llega ni a la mitad de esos porcentajes.

                                                                                                                                                         El Financiero 17 agosto de 2016.

El panorama para nuestros hijos y nietos es desalentador en materia de pensiones. Qué van hacer, de que, o de quién van a vivir. La respuesta la tendría que dar el gobierno y los legisladores que han aprobado leyes y reformas que lejos de velar por su futuro, los están condenando al empobrecimiento y tal vez a la delincuencia, eso hablando de los que tuvieron la suerte de conseguir trabajo, y los que no, que va a pasar con ellos.

Acusan durante marchas a las administradoras de fondos de pagar jubilaciones muy bajas.

La policía dispersa con gas lacrimógeno a los manifestantes en la ciudad de Valparaiso.

Los ex trabajadores reciben en promedio 231 dólares al mes; el salario mínimo, de 396

Santiago, Alrededor de 150 mil chilenos marcharon este domingo en Santiago contra el actual sistema de pensiones, manejado por las Administradoras de Fondos de (AFP), creadas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), a las que acusan de pagar jubilaciones bajísimas, y en demanda de que ese esquema sea cambiado.

Unas 150 mil personas, según los organizadores, y 50 mil, de acuerdo con la policía, se reunieron en Santiago.

También se efectuaron protestas en la mayoría de las grandes ciudades del país. Algunas finalizaron en incidentes aislados, como en Valparaiso, donde grupos de manifestantes fueron dispersados por la policía con gas lacrimógeno.

Una multitud se reunió en la plaza Italia, en el centro de la capital, atendiendo el llamado de la Coordinadora de Trabajadores No+AFP, para protestar. La movilización recorrió más de dos horas la avenida Alameda, principal arteria de la urbe, exhibiendo carteles y lienzos al son de bombos y silbatos.

Ancianos y niños acudieron junto con sus familias a la manifestación, pese al intenso frío del invierno austral.

Las AFP administran las pensiones de los trabajadores chilenos desde 1981, cuando el entonces ministro del Trabajo, José Piñera, hermano del ex presidente Sebastián Piñera ( 2010-2014), elaboró una reforma que incluyó la creación de dichas empresas.

Durante el régimen de Pinochet, en el cual murieron unas 3 mil 200 personas, también se promulgó la Constitución vigente y se crearon los sistemas educativo y laboral. La mandataria chilena, Michelle Bachelet, lleva adelante medidas para modificar ese legado. En materia de pensiones aboga por una administradora estatal ante el reclamo de los jubilados, quienes piden la vuelta del anterior sistema público de reparto solidario.

El sistema de pensiones opera actualmente como una cuenta de ahorro forzosa, a la que los empleados aportan 10 por ciento de sus sueldos y al final de su vida laboral reciben jubilaciones que, acusan, son menores a las remuneraciones que percibían. En promedio los jubilados reciben mensualmente unos 231 dólares, cifra menor al salario mínimo, que es de unos 396.

«Este es un sistema de porquería manejado por las AFP chupasangre, que roban nuestros ahorros y al final nos entregan una jubilación de mierda», declaró Julia Miranda, una trabajadora muy indignada.

En la actualidad las AFP administran 150 mil 685 millones de dólares que aportan los trabajadores para sus jubilaciones. Esas empresas invierten los recursos en acciones o renta fija, cuyas pérdidas son asumidas por los cotizantes, quienes ven reducidas sus pensiones, lo que en muchos casos los obliga a seguir laborando después de haberse jubilado.

Además, las AFP continúan administrando el dinero de los cotizantes después de que éstos se jubilan, mediante un programa de retiro de fondos programados.  Otro reclamo es acabar con el retiro planeado y equiparar la edad de jubilación con el género, ya que hoy día los hombres se retiran a los 65 años y las mujeres a los 60.

                                                                                                                                                                La Jornada 25 julio 2016.

Mientras tanto aquí en nuestro país, México, que estamos esperando para revertir un modelo para el pago de las jubilaciones y pensiones similar al que tienen los chilenos, y que resulta inoperante y fraudulento.

Este modelo mexicano muy parecido al chileno, a los únicos que beneficia es a los bancos y a las aseguradoras, muy poco o nada les importa el futuro de los trabajadores. Por lo tanto se debe derogar la Ley que propició la entrada de este modelo y proponer un nuevo modelo pensando en beneficiar a los destinatarios; los trabajadores.

El sistema universal de salud ¿Será el inicio de la privatización del Sector Salud? 

Faltan dos años y medio del sexenio de Peña Nieto y el compromiso de instrumentar la Seguridad Social Universal se encuentra estancado. Y dentro de ésta el Sistema Nacional de Salud Universal tampoco ha avanzado. Sin embargo, durante los meses recientes no ha pasado semana sin declaraciones sobre la próxima universalización de los servicios de salud. En particular Enrique Peña Nieto firmó en abril el “ACUERDO NACIONAL HACIA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD” con la Secretaría de Salud (S.S.), el Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)  y los gobernadores del estado de México y de Oaxaca, ambos con servicios de salud muy deficientes, y Baja California Sur, entidad piloto desde hace tiempo.

Se dio mucha divulgación a la incorporación de siete millones de estudiantes al IMSS, a todos los beneficiarios de Prospera, a la pensión para adultos mayores y al Seguro Popular.

El IMSS, por su parte, ya utiliza varios tipos de asociaciones público-privadas (APP). Lo hace a gran escala con los servicios de hemodiálisis, de laboratorio, de limpieza y de ambulancias al igual que el ISSSTE. El IMSS además, está haciendo una prueba piloto de atención a grupos de diabéticos mediante un pago fijo por persona, asesorado por la oscura consultora internacional IMS Health. Esta empresa asegura tener una base de datos de más de 500 millones de pacientes, algo preocupante en vísperas de la expansión de los expedientes clínicos electrónicos en México.

No se entiende que las instituciones destinadas a brindar la Seguridad Social en este país y donde la prioridad es poder hacer llegar los servicios de salud a quién los necesite, este utilizando asociaciones público-privadas para dar atención, y lo peor es que les genere un costo tanto a las instituciones como a los derechohabientes.

La seguridad social y la salud es un derecho de todos los mexicanos y debe de respetarse.

No parece haber rumbo que de certidumbre y seguridad con las decisiones que está implementando el gobierno.

Lo mejor sería que termine ya este sexenio y que el gobierno deje de perjudicar. Si no son capaces de mejorar la situación, pues entonces que no la empeoren.

“Tenemos que mantener un ritmo de incremento en los ingresos que se parezca al ritmo del incremento de las dos grandes cuentas de pasivos” Mikel Arriola, director del IMSS.

Camino a la recuperación, medidas de control y eficiencia en el gasto y énfasis en mecanismos para mejorar la recaudación. Ha funcionado: de 2012 a 2015 ésta se incrementó 26.3%, al pasar de 191,827 millones de pesos a 242,356 millones de pesos por cuotas. Hay una empresa que tiene 430,000 empleados y un pasivo de 2 billones de pesos. Desde hace tres años ha puesto en marcha una serie de reformas para recuperarse financieramente. Y lo ha logrado. De manera incipiente, pero lo ha hecho. El déficit del instituto se redujo, la trayectoria de su deuda ya no va a la alza; los ingresos aumentaron y ya comienza a notarse mejoría en la operación y atención a derechohabientes. Pero no es suficiente. El talón de Aquiles del instituto es su régimen de jubilaciones y pensiones y su nómina corriente, gastos que siempre le generarán presiones al instituto. El funcionario Arriola como buen político manejando ese doble discurso que siempre da buen resultado porque no se entiende.

Mujeres y jóvenes mexicanos son los grupos con mayor riesgo de no alcanzar una pensión para su retiro debido a factores culturales, sociales y laborales: las primeras porque dejan de aportar a su cuenta individual y, los segundos, porque prefieren el beneficio inmediato de un ingreso en la informalidad.

Datos que arrojó la Encuesta de Trayectorias Laborales 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por encargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), indican que en el país las mujeres corren el riesgo de no alcanzar una pensión porque empiezan a laborar casi tres años más tarde que los hombres, cuentan un menor nivel educativo y duran menos en el empleo, y los que consiguen, son sin seguridad social.

“La mayoría de las mujeres se dedica al hogar al dejar el empleo, lo cual las confirma como un grupo vulnerable en materia pensionaria”, puntualiza el análisis.

Por cuanto a los jóvenes, porque se incorporan relativamente más tarde al mercado laboral y cuando lo hacen, solo cuatro de cada 10 consiguen un trabajo formal.

“Resulta crítico reforzar las acciones para afiliar a la población al SAR desde una edad temprana, pues entre más se posponga el momento de ingresar al mercado formal, más complicado será hacerlo durante la trayectoria laboral de los trabajadores”.

Los trabajadores jubilados y pensionados no podemos cerrar los ojos a esta problemática, ya que en su momento somos un apoyo a esas juventudes que sufrirán los embates de las reformas neoliberales.

El incremento de la esperanza de vida de los mexicanos propicia que el modelo de cuentas individuales (Afore) se vislumbre insuficiente para solventar el pago de pensiones, sostuvo la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Araceli Damián.

“El problema, bajos salarios e inestabilidad laboral” El actual diseño de cuentas individuales a cargo de las Afore no permitirá a las personas reunir los ahorros suficientes para el pago de una pensión digna.

Ejemplo, el caso de Argentina y Bolivia, donde se regresó del sistema de cuentas individuales al de reparto, como el que teníamos antes en México sustentado en la Ley del Seguro Social de 1973.

Señores legisladores, Comisión de Seguridad Social, que están esperando para revertir el mal acarreado por el ex presidente Zedillo al cambiar la Ley en 1997 en la que se dieron los beneficios para los bancos y aseguradoras.

Araceli, por favor hagan algo no nada más señalen, sino pónganse a trabajar para ofrecer una mejor opción a los trabajadores de este su país.

La Suprema Corte Limita las pensiones

La SCJN emitió una jurisprudencia por la cual se topa a 10 salarios mínimos las pensiones de los trabajadores.

En México hay 19.8 millones de trabajadores de la llamada generación de transición, es decir aquellos que pueden elegir jubilarse bajo el régimen de la ley del seguro social de 1973 o por la ley de 1997.

“Para todos ellos es más conveniente optar por el régimen de 1973, porque su pensión es vitalicia, se la paga el Instituto Mexicano del Seguro Social y obtienen un mayor monto que si eligieran la ley de 1997, donde las Afores pagan la pensión pero sólo hasta que se agoten los recursos del trabajador”, explicó Moisés Pérez Peñaloza, director de inversiones institucionales de Invex Banco.

Sin embargo, al elegir el régimen del 73, un millón de estos trabajadores, que gana más de 10 salarios mínimos diarios (730 pesos al día), (21,912 pesos al mes), tendrá que esperanzarse a que el trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social con el que inicie su jubilación calcule su pensión considerando su ingreso real, topado a 25 salarios mínimos (1826 pesos diarios; 54,780 pesos al mes).

Según el IMSS, todas las pensiones se calculan considerando el salario promedio de los trabajadores de las últimas 250 semanas de cotización, con un tope de 25 salarios mínimos.

Jurisprudencia en contra    

No obstante, se han registrado casos en los que el cálculo se hace con un tope inferior, de sólo 10 salarios mínimos. Ante esta situación los trabajadores pueden demandar al Instituto e iniciar un juicio, que seguramente perderán debido a una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el mes de febrero, que deben acatar todos los tribunales del país.

En esta jurisprudencia se determina que al elegir el régimen del 73, el cálculo de la pensión debe apegarse a los artículos contenidos en la misma, por lo que el tope máximo que debe utilizarse para el cálculo de las pensiones debe ser de 10 salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México.

“No estamos haciendo modificaciones ni estableciendo topes, simplemente hicimos remisión a la Ley del Seguro Social del 73 y sus artículos”, señaló en entrevista la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos.

Así, el artículo 33 de la Ley de 1973, que fue abrogada al entrar en vigor la Ley del Seguro Social de 1997, señala que los asegurados se inscribirán con el salario base que perciban con un tope de hasta 25 salarios mínimos, pero que “tratándose de seguros de Invalidez, Vejez, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente.

“Por ello, el límite superior de veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, previsto en el artículo 33 de la abrogada Ley del Seguro Social, está vinculada únicamente para las prestaciones que otorga la Ley en los seguros de enfermedad general y maternidad; mientras que el límite superior de 10 veces el salario mínimo citado, regirá y servirá de tope salarial para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte”, detalló la Suprema Corte de Justicia en la Contradicción de tesis 285/2015, que dio origen a la jurisprudencia.

De tal forma, que si un trabajador de la generación de transición, que opte por jubilarse por la Ley del 73, decide irse a juicio para pelear que su pensión sea calculada con más de 10 salarios mínimos perderá la demanda.