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Mujeres y jóvenes mexicanos son los grupos con mayor riesgo de no alcanzar una pensión para su retiro debido a factores culturales, sociales y laborales: las primeras porque dejan de aportar a su cuenta individual y, los segundos, porque prefieren el beneficio inmediato de un ingreso en la informalidad.

Datos que arrojó la Encuesta de Trayectorias Laborales 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por encargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), indican que en el país las mujeres corren el riesgo de no alcanzar una pensión porque empiezan a laborar casi tres años más tarde que los hombres, cuentan un menor nivel educativo y duran menos en el empleo, y los que consiguen, son sin seguridad social.

“La mayoría de las mujeres se dedica al hogar al dejar el empleo, lo cual las confirma como un grupo vulnerable en materia pensionaria”, puntualiza el análisis.

Por cuanto a los jóvenes, porque se incorporan relativamente más tarde al mercado laboral y cuando lo hacen, solo cuatro de cada 10 consiguen un trabajo formal.

“Resulta crítico reforzar las acciones para afiliar a la población al SAR desde una edad temprana, pues entre más se posponga el momento de ingresar al mercado formal, más complicado será hacerlo durante la trayectoria laboral de los trabajadores”.

Los trabajadores jubilados y pensionados no podemos cerrar los ojos a esta problemática, ya que en su momento somos un apoyo a esas juventudes que sufrirán los embates de las reformas neoliberales.

El incremento de la esperanza de vida de los mexicanos propicia que el modelo de cuentas individuales (Afore) se vislumbre insuficiente para solventar el pago de pensiones, sostuvo la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Araceli Damián.

“El problema, bajos salarios e inestabilidad laboral” El actual diseño de cuentas individuales a cargo de las Afore no permitirá a las personas reunir los ahorros suficientes para el pago de una pensión digna.

Ejemplo, el caso de Argentina y Bolivia, donde se regresó del sistema de cuentas individuales al de reparto, como el que teníamos antes en México sustentado en la Ley del Seguro Social de 1973.

Señores legisladores, Comisión de Seguridad Social, que están esperando para revertir el mal acarreado por el ex presidente Zedillo al cambiar la Ley en 1997 en la que se dieron los beneficios para los bancos y aseguradoras.

Araceli, por favor hagan algo no nada más señalen, sino pónganse a trabajar para ofrecer una mejor opción a los trabajadores de este su país.

La Suprema Corte Limita las pensiones

La SCJN emitió una jurisprudencia por la cual se topa a 10 salarios mínimos las pensiones de los trabajadores.

En México hay 19.8 millones de trabajadores de la llamada generación de transición, es decir aquellos que pueden elegir jubilarse bajo el régimen de la ley del seguro social de 1973 o por la ley de 1997.

“Para todos ellos es más conveniente optar por el régimen de 1973, porque su pensión es vitalicia, se la paga el Instituto Mexicano del Seguro Social y obtienen un mayor monto que si eligieran la ley de 1997, donde las Afores pagan la pensión pero sólo hasta que se agoten los recursos del trabajador”, explicó Moisés Pérez Peñaloza, director de inversiones institucionales de Invex Banco.

Sin embargo, al elegir el régimen del 73, un millón de estos trabajadores, que gana más de 10 salarios mínimos diarios (730 pesos al día), (21,912 pesos al mes), tendrá que esperanzarse a que el trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social con el que inicie su jubilación calcule su pensión considerando su ingreso real, topado a 25 salarios mínimos (1826 pesos diarios; 54,780 pesos al mes).

Según el IMSS, todas las pensiones se calculan considerando el salario promedio de los trabajadores de las últimas 250 semanas de cotización, con un tope de 25 salarios mínimos.

Jurisprudencia en contra    

No obstante, se han registrado casos en los que el cálculo se hace con un tope inferior, de sólo 10 salarios mínimos. Ante esta situación los trabajadores pueden demandar al Instituto e iniciar un juicio, que seguramente perderán debido a una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el mes de febrero, que deben acatar todos los tribunales del país.

En esta jurisprudencia se determina que al elegir el régimen del 73, el cálculo de la pensión debe apegarse a los artículos contenidos en la misma, por lo que el tope máximo que debe utilizarse para el cálculo de las pensiones debe ser de 10 salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México.

“No estamos haciendo modificaciones ni estableciendo topes, simplemente hicimos remisión a la Ley del Seguro Social del 73 y sus artículos”, señaló en entrevista la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos.

Así, el artículo 33 de la Ley de 1973, que fue abrogada al entrar en vigor la Ley del Seguro Social de 1997, señala que los asegurados se inscribirán con el salario base que perciban con un tope de hasta 25 salarios mínimos, pero que “tratándose de seguros de Invalidez, Vejez, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente.

“Por ello, el límite superior de veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, previsto en el artículo 33 de la abrogada Ley del Seguro Social, está vinculada únicamente para las prestaciones que otorga la Ley en los seguros de enfermedad general y maternidad; mientras que el límite superior de 10 veces el salario mínimo citado, regirá y servirá de tope salarial para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte”, detalló la Suprema Corte de Justicia en la Contradicción de tesis 285/2015, que dio origen a la jurisprudencia.

De tal forma, que si un trabajador de la generación de transición, que opte por jubilarse por la Ley del 73, decide irse a juicio para pelear que su pensión sea calculada con más de 10 salarios mínimos perderá la demanda.